Política de investigación
No es objetivo de este discurso entrar en los principales proyectos de investigación en curso en el ámbito de la Región de Murcia. Sí nos gustaría, sin embargo, hacer algunas reflexiones sobre aspectos relacionados con la investigación arqueológica. Si contemplamos el panorama en las distintas comunidades autónomas se observa claramente una tendencia a ubicar administrativamente los aspectos relacionados con la gestión y financiación de la pura investigación arqueológica en las unidades responsables de Educación y Universidades, manteniendo en las de Cultura las competencias de protección, prevención, restauración y puesta en valor, e intervenciones de las tradicionalmente denominadas como de urgencia o de apoyo a proyectos de restauración. En Murcia, de hecho, la Fundación Séneca financia proyectos de investigación arqueológica, pero la Dirección General de Cultura, que en cualquier caso detenta las competencias en cuanto a concesión y revocación de permisos de investigación, mantiene una línea de subvenciones de apoyo al Plan Anual de actuaciones arqueológicas ordinarias.
Con independencia de las decisiones políticas a nivel competencial que puedan adoptarse, debe tenerse muy en cuenta a la hora del futuro diseño de estos temas, que en la investigación arqueológica murciana, junto al papel desempeñado por la Universidad de Murcia, tienen honda y antigua tradición, no sólo el Museo Arqueológico Regional, sino instituciones locales cómo el Museo de Cartagena, tradición que ha sido asumida por la mayoría de los museos municipales actualmente ubicados en la Región. Consideramos que para estas instituciones no sería justa ni aceptable una concepción excluyente, habitual en ciertos discursos, y que considerase a la Universidad y al CSIC como los únicos centros cualificados para realizar investigación.
Volviendo al Plan Anual de actuaciones arqueológicas ordinarias, es imprescindible insistir en la necesidad de actualizar las cantidades destinadas a subvenciones de este tipo de proyectos de investigación. Hay que valorar positivamente, que tras varios años de congelación o reducción de las cantidades previstas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, se haya ido viendo una mejora en los fondos destinados a subvenciones arqueológicas.
En paralelo a estos proyectos que surgen puramente de prioridades científicas, el elevado costo de las actuaciones arqueológicas directamente motivadas por la renovación de los núcleos urbanos, las grandes obras públicas, la proliferación de las actividades industriales con fuertes efectos sobre el paisaje y configuración del terreno, o la modificación de los sistemas tradicionales de explotación del medio rural, ha traído consigo la necesidad de abrir nuevas alternativas de financiación frente a la tradicional subvención por la administración.
En nuestro entorno europeo más próximo se ha ido asentando en los últimos años como criterio mas generalizado el cargar el coste de estas actuaciones, en mayor o menor medida, sobre quien genera la necesidad de la actuación. Esta idea ha inspirado igualmente las recomendaciones que desde el marco de la Comunidad Europea se han ocupado del tema. En España esta tendencia es también generalizada, aunque sin que exista siempre una clara normativa legal que la respalde de forma inequívoca. Para la Región de Murcia debemos considerar como punto de partida al art. 7 del Decreto 180/1987 de 26 de noviembre, sobre normativa reguladora de las actuaciones arqueológicas en la Región de Murcia; según este artículo la excavación la financia quien la ejecuta, sin merma de las ayudas de la administración a que pueda optar.
Hay que recordar aquí las iniciativas que desde el ámbito municipal buscan dar solución a este problema mediante la ejecución de las excavaciones por técnicos contratados por los ayuntamientos, u otro tipo de experiencias ensayadas fuera de nuestra región, como el establecimiento de un sistema de Tasas, mediante el cual la administración ejecuta con sus medios la excavación, recuperando la inversión a través de tasas por la prestación del servicio. Pero con independencia de lo dicho, desde nuestra perspectiva, es imprescindible conciliar esta realidad de que la financiación recaiga sobre quien genera la necesidad, con la apertura de vías de subvención en aquellos casos en que fuese recomendable, y especialmente donde sea preciso estimular procesos de regeneración urbana. El costo de las intervenciones arqueológicas no debe ser nunca un factor más de los que dificultan la regeneración de determinados cascos históricos especialmente sensibles o deprimidos. Tal como hemos defendido en diversas ocasiones, estas subvenciones deben ser independientes de las destinadas a actuaciones de carácter ordinario. Si estas últimas deben responder en sus prioridades a motivos puramente científicos, aquellas otras responderían a prioridades de índole social, orientando los fondos aquí disponibles hacia aquellas áreas urbanas y municipios cuyo menor aprovechamiento del suelo, y cuya situación de desarrollo y renovación urbanística hagan objetivamente más difícil de asumir el costo de la arqueología por parte de los promotores de las nuevas edificaciones o proyectos. Fijar estas prioridades posibilitaría igualmente objetivar y orientar de forma correcta las inversiones que en la práctica ya destina la administración regional en este terreno.
Al hilo de lo dicho, debemos recordar que la arqueología urbana es investigación, y por tanto su objetivo es ser un ámbito generador de historia, de conocimientos y de riqueza cultural. Con este fin, resulta cada vez más necesario asumir que cada ciudad es un solo yacimiento y que antes de cualquier intervención arqueológica es necesario reunir y utilizar toda la información que las anteriores han generado. Sin embargo en los yacimientos urbanos se plantean de manera especialmente palpable los problemas derivados de la actividad paralela de diversos profesionales, desvinculados entre sí, así como de la ausencia de trabajos de síntesis por un lado y monográficos por otro, que vayan sirviendo de complemento a la información publicada en las memorias de las distintas actuaciones arqueológicas. Desde la administración regional y los servicios arqueológicos municipales, se apoyan proyectos de investigación sobre los yacimientos urbanos, que sirvan de respaldo científico a las actuaciones concretas de intervención o emergencia, aborden actuaciones propias complementarias y profundicen en el estudio de los resultados de las actuaciones mediante análisis pormenorizados o de conjunto.
